El pasado 19 de febrero entró en vigor el Real Decreto-ley 4/2020 por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Leer
La declaración del estado de alarma tendrá en todas las relaciones contractuales múltiples y complejas consecuencias. Leer
Lo que hay ahora en vigor no es tanto una suspensión de la obligación de solicitar el concurso, sino una imposibilidad fáctica de que éste se declare. Leer
Es sabido por todos los operadores concursalistas que, las deudas contra la masa se pagan a fecha de vencimiento , son inaplazables y, lo que no es nada baladí, generan intereses Leer
En estos tiempos que corren en los que la sociedad, salud y economía mundial se ven gravemente amenazados, existe una incrementada preocupación e incertidumbre con respecto a la preservación del patrimonio y traspaso a futuras generaciones. Leer
El fenómeno de la nueva variante del coronavirus llamada COVID-19 está produciendo profundos efectos a nivel social, político y económico en todo el mundo. Leer
El 14 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la declaración del estado de alarma, acordada mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Leer
En España, la CNMC ha advertido de que durante la crisis del COVID-19 extremará la vigilancia del mercado, con el fin de evitar que se produzcan conductas abusivas (por ejemplo, subidas de precio en bienes de primera necesidad). Leer
Pese a la situación excepcional que vivimos por culpa del COVID-19, la maquinaria de la Agencia Tributaria relacionada con la presentación de los diferentes tributos correspondientes al Estado no para, y resulta al menos sorprendente dado el momento en el que nos encontramos y la incongruencia que puede suponer con la finalidad de las medidas adoptadas en los últimos días por el propio Gobierno. Leer
La aprobación del Real Decreto 8/2019 y su entrada en vigor el día 12 de mayo del año pasado, provocó un terremoto entre las empresas de nuestro país, que se encontraron con el nada despreciable reto de tener que regular internamente una materia tan sensible como el registro -y por tanto, la medición- de la jornada de trabajo de su plantilla, con un plazo para su ejecución, 2 meses, que a todas luces se hacía corto para una tarea tan compleja. Leer